El incendio de la sede del Sindicato de Inquilinas de Tenerife merece que demos una amplia respuesta popular

Manuel de la Rosa Hernández

En la madrugada del domingo incendiaron el local del Sindicato de Inquilinas de Tenerife (SIT) en el sur de Tenerife. El SIT lucha por el derecho a una vivienda digna frente a las inmobiliarias, fondos buitre y mafias que las acaparan. En Canarias la situación de la vivienda es muy grave, convirtiéndose en un problema para las miles de familias que lo sufren y muy en especial en las zonas turísticas. El modelo capitalista extractivista, superexplotador y dependiente es el responsable de la situación social que se vive en Canarias.

Responder masivamente al matonaje

Desde hace meses el sindicato enfrenta la violencia de este grupo de matones al servicio de las élites que actúan al margen de procedimientos judiciales, que acosan a familias para echarlas de sus viviendas y amenazan abiertamente al propio sindicato.

Un grupo de corte fascista que se dedica a sacar a familias de sus casas sin una orden judicial, vulnerando las garantías mínimas que ofrece el procedimiento judicial. Este grupo de matones, que se hacen llamar "EZ Property Solutions", según denuncia el SIT ha agredido a compañeras, las ha amenazado gravemente y ha cometido allanamientos de morada con la connivencia de algunos miembros de las fuerzas de seguridad del estado, quienes en algunos casos no han intervenido ante delitos flagrantes. Todas estas situaciones de violencia han sido denunciadas en juzgados.

El SIT lo señalaba en su comunicado “Nosotras lo tenemos claro, el sindicato solo tiene unos enemigos confesos, las empresas desokupa que actúan de manera criminal y extrajudicial en estos momentos en Tenerife, criminales que  incluso  han llegado a grabarse en la puerta de este mismo local amenazando a las personas que componemos el sindicato y al propio local.”

La conexión entre las empresas pro-inmobiliarias y el escuadrismo fascista es cada vez más clara. No debemos confiar en el Estado que las ampara: debemos organizarnos de forma unitaria para hacerles frente. Es importante la auto-organización de las personas y colectivos de personas afectadas por la grave situación de la vivienda. Organizaciones como los sindicatos de inquilinas y otros colectivos de defensa del derecho a una vivienda digna son fundamentales para defender a las personas más vulnerables, pero también es necesario poner el problema de la vivienda en el centro de la lucha obrera y popular.

El gobierno de Canarias (CC-PP) que tiene competencias en materia de vivienda, hace dejación de funciones de protección de familias vulnerables. El anterior gobierno de Canarias (PSOE, Podemos, NC y ASG) también dejó manos libres a los fondos buitre, firmó contratos de prácticas con Desokupa Canarias, otra "empresa" del mismo sector. Todos los gobiernos que han dado concesiones públicas para la seguridad de edificios públicos a empresas que también se dedican a este lucrativo negocio son responsable de que estos grupos ganen terreno y sobre todo que aumenten sus beneficios

Este atentado a la libertad sindical y de organización obrera y popular, de defensa de los derechos sociales como el sufrido por el Sindicato de Inquilinas de Tenerife no puede quedar impune.

Es necesario levantar un amplia respuesta de solidaridad y crear mejores condiciones para dar la pelea contra esta lacra en esta tierra.

La vivienda una necesidad obrera acuciante

Hoy uno de los problemas más acuciantes para gran parte de la clase obrera es el de la vivienda, especialmente por los alquileres abusivos, las dificultades para acceder a una vivienda por la mayoría de la juventud o los desahucios de las familias más vulnerables, que siguen al orden del día.

Los gobiernos del estado y de Canarias no hacen nada para que no se vulneren los derechos de miles de personas, incluso de quien tiene la protección de un contrato en vigor y la renta al día, permitiendo que estos grupos de matones actúen con total impunidad.

El supuesto escudo social de las políticas reformistas estatales, autonómicas o municipales no ha evitado que haya un repunte de los desahucios, sobre todo de alquiler. Las medidas que se toman contra los desahucios, para fomentar la vivienda asequible son apenas testimoniales, no llegan siquiera a rozar la solución del problema.
 

La ley de la vivienda no da una respuesta

Cerca del medio millón de familias según una encuesta específica del INE en relación a los alquileres en el Estado español, refleja que hay al menos 481.000 hogares que destinan más del 40% de sus ingresos netos a pagar el alquiler. Esa cifra corresponde al 16% de los hogares que viven de alquiler.

Desde Anticapitalistas denunciamos que la nueva ley estatal de la vivienda pactada por el gobierno con EH Bildu y con ERC no responde de forma efectiva a las necesidades de la gente afectada ni pone las bases para una definitiva solución en el futuro.

Así en la nueva ley de la vivienda los desahucios no van a ser suspendidos, en el mejor de los casos solo serán aplazados. Tampoco ofrece soluciones en relación al acuciante problema de los alquileres pues la ley permite que siga subiendo los precios hasta el 35 % en 5 años. En cuanto al parque público de viviendas la oferta de vivienda pública seguirá siendo testimonial como lo ha sido en las últimas décadas

La referida ley establece incentivos fiscales para rentistas y propietarios, fomentando la colaboración público-privada, que supone darle una base material más amplia a los especuladores de la vivienda.

Por lo que se refiere a las hipotecas ninguna regulación ante las subidas de las 4´1 millones de hipotecas variables.

Organización popular por la vivienda

En Canarias y en el conjunto del Estado español es necesario que se tome el problema de la vivienda yendo a la raíz, con un horizonte anticapitalista y ecosocialista, afrontándolo de forma radical y que pasaría por abordar la realidad de la propiedad de la cientos de miles de viviendas en estos momentos en manos de los grandes tenedores, bancos, fondos buitre e inmobiliarias.

Es necesario desde el campo de la lucha popular abordar otras dificultades de la vivienda como son las familias hipotecadas que tienen problemas para pagar la letra y que pueden estar en torno al 20%. Pasa lo mismo con el alquiler, donde las rentas más bajas que son las que están pagando por encima del 30% y el 50% de ingresos, tendrían que tener mecanismos para defenderse

La experiencias de la lucha sindical debe extenderse, fortalecerse, establecer alianza con el sindicalismo combativo y el movimiento ciudadano y vecinal, fortaleciendo su autonomía y construyendo poder popular en el camino de un movimiento social amplio desobediente, alternativo y que mueva el tablero a los especuladores capitalistas y a los gobiernos que los amparan y protegen.

En definitiva, se trata de organizarnos más y mejor para garantizar que la gente más vulnerable no sea desahuciada, que se pueda afrontar los alquileres con cuantías asequibles que supongan un porcentaje razonable en relación a los salarios, que haya viviendas asequibles al conjunto de la población, especialmente de la juventud y para parar al matonaje que se dedica a desalojar a las personas de las viviendas que habitan.

* Gracias a Manuel de la Rosa