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La directiva europea olvidada por Sánchez junto con otras tareas en pro de la libertad de prensa

Ignacio Cembrero

EL CONFIDENCIAL

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta en el Congreso el plan de regeneración democrática. (EFE/Zipi Aragón)

"¿Qué ha venido a hacer hoy aquí?", le preguntó Gabriel Rufián, portavoz de ERC, a Pedro Sánchez, el pasado miércoles, el día que el presidente expuso ante el pleno del Congreso su plan de regeneración democrática inspirado, en buena medida, en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación.

Los reglamentos de la UE son actos legislativos vinculantes que se aplican en los Estados miembros desde su entrada en vigor. Aquello que anunció el jefe del Gobierno está ya, en teoría, en vigor desde que el 17 de abril, justo tres meses antes de que interviniera ante el Congreso, fue publicado en el BOE. En vigor no significa que esta iniciativa, muy beneficiosa para la libertad de prensa, según las asociaciones que la defienden, se esté plenamente cumpliendo.

Sánchez omitió, sin embargo, en su discurso otras tareas pendientes de su Gobierno que también son prioritarias para la prensa. Dos meses antes del reglamento, el Parlamento Europeo aprobó una directiva que restringe las demandas judiciales abusivas e intimidatorias (SLAPP, según sus iniciales en inglés) contra periodistas, periódicos y también contra ONG ecologistas o de derechos humanos.

A diferencia de los reglamentos, las directivas no son de aplicación inmediata, sino que los Estados miembros disponen de dos años para trasponerlas en su legislación nacional. Cuando esta fue adoptada, en febrero, desde Reporteros Sin Fronteras (RSF) hasta la Federación Europea de Periodistas lo celebraron. También lo hizo Félix Bolaños, ministro de Justicia, uno de sus promotores durante la presidencia española de la Unión. “La UE defiende a periodistas y defensores de los derechos humanos contra casos judiciales infundados y abusivos”, se alegró entonces. Aun así, el Gobierno no tiene ahora prisa.

Hay una creciente tendencia en la UE, por parte de lobbies, grandes empresas, organismos estatales e incluso individuos a poner demandas abusivas a periodistas y medios que implican costosos y largos procesos judiciales. “En la mayoría de los “procesos mordaza” contra medios y periodistas en España, el fin último no es tanto la cárcel (...) como el amedrentamiento”, escribió Edith Rodríguez Cachero, vicepresidenta de RSF en España. “El objetivo es silenciar, asustar y promover la autocensura (...)”, añadió.

España no es una excepción. Reporteros Sin Fronteras recopilaba, en un informe de diciembre de 2022, algunos ejemplos conocidos: la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra dos periodistas de ABC en 2016; la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, contra elDiario.es en 2018; la del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, contra infoLibre en junio de 2021; y la de Iberdrola contra El Confidencial en febrero de 2022. La compañía eléctrica le exigía una indemnización de 17,6 millones de euros que hubiese arruinado a la empresa, pero perdió su demanda en marzo de 2023.

El Reino de Marruecos, su Gobierno y las relaciones públicas de su servicio secreto exterior me han llevado cuatro veces a los tribunales en España, dos por la vía penal y dos por la civil, desde 2014. La última, en 2022, por “acción de jactancia”, una reminiscencia medieval que subsiste en el código civil. Sus denuncias y querellas han sido, por ahora, todas archivadas y sus demandas provisionalmente desestimadas.

Si la directiva que acota las demandas abusivas hubiese sido aprobada hace ya años y traspuesta de inmediato, a empresas y autoridades públicas les habría resultado más difícil, quizás imposible, practicar ese “hostigamiento” judicial, como lo describió el Parlamento Europeo, en enero de 2023, en una resolución aprobada con el voto en contra de los eurodiputados del PSOE.

El texto de la directiva prevé además un procedimiento acelerado para desestimar las demandas amedrentadoras, sanciones para los demandantes y hasta indemnizaciones para periodistas, y otros actores de la sociedad civil, hostigados. Permite además a los jueces exigir una garantía pecuniaria, a aquellos que formulen demandas aparentemente abusivas, que cubra no solo los costes del procedimiento judicial, sino también los del demandado injustamente. En origen, la directiva solo abarcaba las demandas transfronterizas, de un país a otro de la UE, pero después se amplió a otros ámbitos.

Otra faena legislativa pendiente en el Congreso es la modificación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, más conocida como “ley mordaza”, tantas veces anunciada y nunca puesta en marcha. Restringe, entre otras libertades, la de información porque sanciona la difusión no autorizada de imágenes de las fuerzas de seguridad. Es algo insólito en el panorama europeo.

En contra de lo que afirmó Sánchez ante el Congreso, España no es una de las democracias más transparentes donde los periodistas pueden ejercer su profesión en mejores condiciones. No lo era en tiempos de su predecesor, Mariano Rajoy, y tampoco lo es hoy en día.

Abundan los ejemplos de opacidad en la legislación, en la forma de gobernar y en los nombramientos. La ley de transparencia, aprobada en 2013, carece de régimen sancionador. Es decir que si, por ejemplo, el ministerio rechaza cumplir con una resolución del Consejo de Transparencia ordenándole proporcionar una información al medio que la ha solicitado, no será multado. Hay países europeos en los que se sanciona primero a la institución y, si esta sigue sin acatar la resolución, se puede acabar multando a su gestor, es decir, al propio ministro.

El Consejo de Transparencia requirió, por ejemplo, en abril de 2023, al Ministerio de Asuntos Exteriores, que entregara al diario El Debate, el original de la carta enviada en 2022 por el presidente Sánchez al rey Mohamed VI alineándose con la solución que propugna Marruecos para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. Es un documento que marca un giro en la política exterior del que se ha debatido en el Congreso sin conocerlo. El ministro José Manuel Albares no acató la resolución.

Los datos que proporciona la web del Ministerio del Interior sobre la inmigración irregular por mar son tan escasos que no permiten seguir de cerca el fenómeno. En Italia, incluso cuando el ultra Matteo Salvini estaba al frente de esa cartera, su web ofrecía una información mucho más completa (nacionalidades de los inmigrantes, porcentajes de menores, de mujeres, etcétera) que la que Fernando Grande-Marlaska autoriza a publicar en España.

A diferencia de los ministerios de Defensa de otros países europeos, el español no ha organizado ni un solo briefing para periodistas sobre las implicaciones de la guerra en Ucrania y la ayuda militar que España le brinda. La entrega por el Gobierno español a Kiev de, por ejemplo, misiles antibuque Harpoon, que mantienen a raya a la flota rusa en el mar Negro, fue ocultada por la ministra de Defensa, Margarita Robles. La desveló ante la prensa su homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov, con motivo de una visita a Madrid, en abril de 2023.

A los corresponsales extranjeros que se instalan en Madrid les sorprende que los ministerios carezcan en España de portavoces. Tal es el empeño del ministro Albares por controlar la información que ni siquiera Asuntos Exteriores, que sí lo tuvo años atrás, cuenta ahora con un portavoz al que la prensa pueda citar cuando jefe de la diplomacia no está disponible.

A aquellos corresponsales que se acercan por Moncloa, la sede de la presidencia del Gobierno, les llama también la atención que esta no expida una acreditación permanente que permita acceder, sin tener que registrarse con motivo de cada convocatoria, a una parte de sus instalaciones. Organismos con muchos más requisitos de seguridad, como la OTAN, expiden acreditaciones permanentes. Les asombra además que en la rueda de prensa del Consejo de Ministros solo se admitan media docena preguntas. Lo normal sería que todas fueran contestadas.

Esta forma de entender la relación con la prensa explica nombramientos que en otros lugares de la Europa democrática serían inimaginables como el de Miguel Ángel Oliver, que fue secretario de Estado de Comunicación en Moncloa antes de ser designado, en diciembre de 2023, presidente de la agencia EFE. Peor aún, Concepción Cascajosa tenía carné del PSOE el día en que fue nombrada en marzo presidenta de RTVE, aunque después se dio de baja.

Esta concepción un tanto estrecha de la libertad de prensa, sobre todo de los medios públicos, no es monopolio del PSOE. Con altibajos la han compartido gobiernos de diversas orientaciones, como la ley de secretos oficiales de 1968, que se ha ido heredando del franquismo sin apenas cambios. Su mantenimiento en vigor afecta más a historiadores que a periodistas, pero también es un obstáculo insalvable en el camino hacia la libertad de información.

La ministra socialista Carme Chacón autorizó la desclasificación de unos 10.000 documentos militares, elaborados entre 1936 y 1968, pero su sustituto en esa cartera, Pedro Morenés, dio marcha atrás en 2014. En España hace falta una ley que no deje al libre albedrío del Consejo de Ministros la desclasificación de documentos sino que obligue a cumplir determinados plazos para que sean de acceso público.

Este secretismo desmesurado no deja más remedio que escribir algunos capítulos recientes de la historia de España en función de lo que los investigadores descubren en los archivos de EEUU, Reino Unido, Francia, etcétera, países que sí desclasifican con regularidad y hasta suben los documentos a sus páginas webs. ¡Triste suerte la de un país que escribe en parte su historia en función de lo que cuentan sus vecinos!

* Gracias a Ignacio Cembrero y EL CONFIDENCIAL y a la colaboración de Luis Portillo Pasqual del Riquelme

https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2024-07-24/directiva-europea-olvidada-sanchez-tareas-libertad-prensa_3929659/