Persiste el malestar laboral por la pésima gestión del servicio de la Dependencia INTERSINDICAL CANARIA
Consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado: No habrá más personal para Dependencia en Canarias hasta dentro de "cinco o seis años" MÍRAME TV
Persiste el malestar laboral por la pésima gestión del servicio de la Dependencia
INTERSINDICAL CANARIA
Desde INTERSINDICAL CANARIA y los Comités de empresa de Gran Canaria y Tenerife del área de Dependencia y Discapacidad, se resalta que el desconcierto aumenta en el servicio, agravado ahora por el problema añadido que está suponiendo que las citas para que las valoradoras acudan a domicilio se estén concertando a través del 012.
En este departamento dependiente de la Consejería de Bienestar Social del gobierno autónomo, la falta de información es tal que no se tiene en cuenta, por ejemplo, si esa persona está en el hospital o no se da opción para que los solicitantes puedan organizar mejor su cita si por ejemplo les coincide con una cita del médico. Los representantes de los trabajadores denuncian que cada día se acumulan incidencias en este sentido. Otro de los déficit del servicios es la imposibilidad de que el personal valorador cuente con un día de oficina para actualizar el expediente y estudiarlo para luego asistir a las citas.
Los profesionales insisten en que para solucionar el problema de la dependencia en Canarias hacen falta recursos y que mientras en Castilla y León hay 800 valoradoras para una población de 2,4 millones, en Canarias hay apenas 64 para un número similar de habitantes y donde la población se ha envejecido. Tampoco comprenden que en lugar de quedarse con los aspectos buenos iniciados por el equipo de Gobierno anterior, se cambie la organización de esta manera.
Los trabajadores se oponen frontalmente al además al nuevo decreto que se quiere impulsar desde la Consejería y que supondrá, entre otras cuestiones, que si pasan seis meses desde que se solicita la ayuda se entenderá desestimada “por silencio administrativo”. Esa reducción de la lista de espera que quiere lograr el decreto, los técnicos alertan de que “no puede establecerse a costa de disminuir la calidad del trabajo, hacer una criba injusta de expedientes y reducir las garantías de acceso al derecho en igualdad y con seguridad jurídica”.
El decreto establece que antes de decidir si la valoradora acude al domicilio del solicitante, se realizará un “triaje”, es decir, un profesional con formación sanitaria es el que realizará una valoración únicamente con la documentación aportada por ese posible beneficiario. En numerosas ocasiones, afirman que los informes de salud “están incompletos” y “se observan déficits durante la valoración que no concuerdan con los diagnósticos que tiene el solicitante en el informe de salud y se debe requerir que aporte otro informe médico para poder realizar la valoración de forma completa”.
