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La negligencia homicida de la Administración

Antonio Aguado

coherente veterano socialista, exmilitante del PSOE *

Son homicidios en toda regla los que impunemente comete la Administración, con las pobres personas que al ser desahuciadas de sus viviendas acaban con sus vidas, como ocurrió recientemente con dos hermanas de 64 y 54 años, cuando saltaron el pasado lunes de madrugada por el patio interior de su vivienda en Sant Andreu (Barcelona).

¿Como es posible que algo tan terrible ocurra, en un país cuyo presidente del Gobierno de “izquierda y progresista”, se jacta de que la economía española crece el doble que la media europea y va como un cohete?. Claro está eso siempre y cuando se refiera a la macroeconomía de las grandes empresas con sus enormes beneficios, pero no es así, con relación a la microeconomía que, es la que afecta sobre todo a la clase media y fundamentalmente a la más humilde y trabajadora.

El articulo 47 de la Constitución contempla el derecho a disfrutar de una vivienda digna, algo que suena muy bien, pero de cara a la galería, como se viene demostrando y es que, el acceso a la vivienda es uno de los peores problemas que afecta a gran parte de la sociedad y muy especialmente a las personas más vulnerables. En ese derecho constitucional, igualmente se contempla que los poderes públicos, realizarán las gestiones oportunas para que se pueda llevar a efecto.

Entonces, ¿donde está el parque de viviendas sociales del Estado?. España es el país de nuestro entorno europeo donde menos viviendas de este tipo existen. Pero, sin embargo, según estadísticas más de tres millones de viviendas dispersadas por todo el país están vacías o desocupadas. Es de sentido común que, lo más probable, sus dueños desearían sacarlas al mercado para su venta o alquiler, y mejor si se cuenta con el respaldo y la garantía del Estado, pero éste en caso de no ser así, tendría que actuar con todas las consecuencias, mediante los oportunos gravámenes por la desocupación de las tantas referidas viviendas.

Eso, junto con la aportación del terreno público indispensable, posibilitaría disponer de una amplia dotación de vivienda pública y social. Lo que no se sostiene es inconcebible y una autentica irresponsabilidad de la Administración, es los tantos suicidios a los que han llevado a pobres personas, traumatizadas al ver que les desahuciaban de sus viviendas. Lo malo es que por falta de sensibilidad y de voluntad política, este muy grave problema no tiene signo de solución.

Otro tanto ocurre con las mujeres asesinadas por sus parejas y en muchos casos junto a sus hijos. Como ocurrió el pasado sábado 29 de junio cuando un hombre asesinó a su exmujer y a sus dos hijos un niño de 7 años y su hermana de 5 en Las Pedroñeras (Cuenca). ¿Como ha podido ocurrir si el asesino había sido denunciado y tenía una orden de alejamiento de la víctima y sus hijos?. ¿Para qué se anuncia tanto y dándole mucha propaganda al número de teléfono 016, instando a ser utilizado para poner las denuncias por violencia machista, cuando en muchas ocasiones no tiene ninguna efectividad?.

Ahora, a nadie de la Administración tanto sea estatal como autonómica, se le han  exigido responsabilidades políticas, e incluso penales,por haber ocurrido estos dramáticos hechos y en consecuencia, de no corregirse, lamentablemente seguirán ocurriendo.

Antonio Aguado Suárez