Otros de Nicolás en La casa de mi tía

  Tres asuntos, tres reflexiones: Justicia, suciedad capitalina, dinero público

Nicolás Guerra Aguiar

Uno: para la Justicia. Leí hace días (LP-DLP) que el reconocimiento como autores de un sombrío delito les permitió a siete empresarios de Murcia y a otras seis personas librarse de la cárcel a pesar de las gravísimas acusaciones por parte de la Fiscalía: esta pedía entre cuatro y veinticuatro años de prisión según las distintas variantes. Pero la misma Fiscalía, la misma, llega a un acuerdo con los procesados: son condenados, sí, pero no serán encarcelados.

  O lo que viene a ser lo mismo: las penas de internamiento en centros penitenciarios se convierten en puros elementos simbólicos, en un sí pero no, en un quizás pero no, en un acaso pero no, en condenas que los eximen de ejemplares y justas reclusiones por tan horrendos atentados: los consumidores compraron relaciones sexuales con menores de edad y colaboraron con una organización criminal (empresarios del sexo) encargada de captar, prostituir y transportar a las, diez años atrás, adolescentes “visitadoras” (a la manera del premio nobel Vargas Llosa) o “jinetas - jineteras” cubanas  de la Plaza de la Revolución.

 Con una gran diferencia, claro, como punto de partida: las primeras no habían llegado a la mayoría de edad. Las segundas son profesionales (casi siempre forzadas por desajustes sociales o explotadas por proxenetas) y “libres” para tomar sus decisiones en cuanto a la actividad sexual se refiere. (Ocupación laboral, por cierto, nada nueva en la literatura: “¡Pues fuego malo te queme, que tan puta vieja era tu madre como yo!”. Así se definió Celestina en la obra de Fernando de Rojas, 1499.)

  Las sentencias, que pudieron haber significado prisión de entre cuatro y veinticuatro años, se redujeron drásticamente, radicalmente, impactantemente: los acusados aceptaron (¡sanacas que son!) condenas de cinco meses de cárcel por cada uno de los delitos cometidos, multas cercanas a los mil euros e indemnización  “de entre 540 y de 1.000 euros a cada víctima por daños morales”. (Por cierto: según LP,  entre los condenados “se encuentra alguno de renombre como Juan Castejón, exvicepresidente de la COEC y la CROEM en el año 2014”.) “Que baje Dios y lo vea” se decía en mi pueblo, Gáldar, ante situaciones de tales impactos. A fin de cuentas no es la justa sentencia In dubio, pro reo (‘Ante la duda, a favor del reo’), no. En absoluto. 

  Dos: frente a una ciudad sucia y abandonada. Las Palmas de Gran Canaria huele mal, jiede por zonas, viste mal, impacta negativamente en decenas de esquinas, aceras, calles… Salvo en contados espacios (Vegueta – Triana...) la presencia de camiones cisterna se vuelve pura fantasía, quimera,  ilusión… cuando no espasmo mental o alucinación, engaño. Las aceras ennegrecen a pasos agigantados, resquebrajan sus estructuras para sacar a la luz hierbas, hierbajos, matos, matas, matojos, incluso arbustos y matorrales en naturales actuaciones de la propia Naturaleza. ¿Pretende, quizás, suplir la inactividad de los correspondientes organismos municipales, su ausencia, su fantasmal presencia? Fracaso absoluto, rotundo, indiscutible: la ciudad (salvo excepciones) está marchita (como prueba, el reportaje de Canarias7 del 30 de agosto).

  Blanqueadas hojas, ayer inmaculadamente verdes, muestran por cara y envés desidias, abandonos, incompetencias. Trátese de la mosca blanca o de algún otro parásito,  lo cierto es que nadie del Ayuntamiento, del equipo de gobierno (PSOE, Unidas Sí Podemos, Nueva Canarias) informa, comenta, actúa, interviene. Acaso, tal vez, se acomodan en despachos bien ventilados, aireados, soleados a veces y abandonan en coche oficial las dependencias municipales, distribuidas por doquier. Ni tan siquiera, parece, prestan atención a las continuadas denuncias ciudadanas, hartas ya de tanta inoperancia, ineficacia, inutilidad (¿acaso incapacidad, dejadez?) y dueñas, eso sí, de miles de votos, su grandísimo poder. 

   Tres: dinero público para un supuesto hotel ilegal. Leo en lavozdelanzarote.com (29 de agosto) una noticia adelantada por el digital Canarias Ahora y corroborada por el lanzaroteño: el Gobierno de Canarias (Partido Popular, CoATIción Canaria) “ha concedido una ayuda directa de más de 2,45 millones de euros a la promotora del hotel ilegal Sandos Papagayo (antes Papagayo Arena) de Playa Blanca, que continúa abierto al público y alojando turistas a pesar de no tener ninguna licencia para ello”.  

  La empresa (como otras tantas, debo suponer)  presentó ante la Administración canaria un recurso con el fin de reducir o aliviar sus pérdidas tras la crisis turística a consecuencia del universalizado coronavirus que dejó vacíos hoteles, apartamentos, residencias, centros turísticos...  Y concluye el informante: “El hotel ilegal ocupa un vial de acceso público a la playa de Las Coloradas, se excede de la altura permitida y en plantas construidas, así como el número de plazas alojativas”.  

  Por medio, extrañas circunstancias, sorprendentes comportamientos, intervenciones de los juzgados, órdenes de cierre... y una clausura a la espera. Así, la Audiencia Provincial de Las Palmas (2016) no solo había declarado no procedente la licencia concedida por el Ayuntamiento de Yaiza sino que, a posteriori, condenó a su alcalde a seis años de cárcel e inhabilitación decretando, además, el embargo de todos sus bienes. Es más, el digital CanariasAhora incide sobre el caso Papagayo en su titular del 31 de agosto pasado: “El hotel Papagayo Arena, un símbolo de la corrupción en Lanzarote que sobrevive en primera línea de playa”.  Y La casa de mi tía publicaba, tambien en agosto:  TRANSPARENCIA URBANÍSTICA denuncia que el hotel ilegal Papagayo Arena sigue abierto

CanariasAhora incluye un concreto párrafo, el cual me plantea dudas sobre la legalidad o no de la edificación: “En diciembre de 2023 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estimó un recurso presentado por la propiedad y revocó un auto en el que se acordaba restablecer la legalidad urbanística en la zona”.  Si el TSJC revoca (´deja sin efecto’) el acuerdo de legalizar obras en donde se encuentra ubicado el hotel,  la conclusión parece clara y contundente: se mantiene la consideración de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Por tanto, el hotel es ilegal salvo, claro,  ofuscaciones o confusiones por mi parte. ¿Por qué tal desconcierto? Elemental, diría: el Gobierno de Canarias tuvo que haber estudiado con detenimiento, rigor y precisión matemática la situación legal del Papagayo antes de conceder la subvención de casi dos millones y medio de euros de las arcas públicas. No obstante...

  Juristas tiene la Comunidad y despachos de abogados la empresa. Pero me encantaría que alguien, con conocimientos profesionales, me explicara la legalidad o no de la actuación gubernativa. Y no añado a la voz “legalidad” los adjetivos “supuesta, hipotética, presunta” por el puñetero defecto de la racionalización. Es decir, pretendo entender lógica y claramente, con precisión y objetividad, las aparentes  contradicciones pues, quizás por mi limitación, no llego a descifrar dos cuestiones: por una parte, que el hotel continúe abierto tras las sentencias de los organismos judiciales. Y por otra, si cumple absolutamente con la legalidad, ¿por qué los diarios nombrados mantienen lo contrario… aun a sabiendas de posibles consecuencias?