La sentencia al acosador de Irene Montero y Pablo Iglesias Jacinto Ortega del Rosario *

La reciente sentencia que absuelve al hombre que acudía diariamente ante la casa de Irene Montero y Pablo Iglesias con altavoces para insultar y amenazar ha suscitado una gran polémica y ha puesto de manifiesto serias preocupaciones sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a la intimidad.

En primer lugar, esta absolución parece ignorar el derecho fundamental a la privacidad y la tranquilidad en el propio hogar. No se trata de una manifestación esporádica o una protesta aislada, sino de una conducta reiterada y persistente que buscaba claramente hostigar y amedrentar a una familia. La jurisprudencia europea ha reconocido que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y debe ser equilibrado con otros derechos fundamentales, como la privacidad y la integridad personal. La sentencia parece olvidar este equilibrio, priorizando una forma de expresión que se convierte en acoso.

Además, la decisión judicial parece normalizar una forma de violencia verbal que, aunque no sea física, tiene efectos devastadores sobre las víctimas. Los insultos y amenazas diarias no solo generan un ambiente de estrés y miedo constante, sino que también son una forma de violencia psicológica que puede tener consecuencias graves para la salud mental. La sociedad no puede permitirse minimizar estos impactos, especialmente en un contexto donde la violencia de género y el acoso en todas sus formas están siendo finalmente reconocidos y condenados.

La sentencia también envía un mensaje preocupante sobre la impunidad. Permitir que alguien utilice altavoces para insultar y amenazar impunemente, especialmente cuando se trata de figuras públicas, podría alentar a otros a adoptar comportamientos similares. Esta impunidad erosiona la confianza en el sistema judicial y en la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos de conductas abusivas.

Finalmente, esta sentencia tiene un claro componente político. Irene Montero y Pablo Iglesias son figuras polarizadoras, y la decisión de absolver a su acosador puede ser vista como un intento de restar importancia a los ataques dirigidos contra ellos, trivializando así el acoso que sufren muchos políticos, especialmente aquellos que son mujeres o pertenecen a minorías.

En conclusión, la absolución del hombre que acosaba a Irene Montero y Pablo Iglesias con altavoces no solo es una mala interpretación de los límites de la libertad de expresión, sino también una grave omisión del deber de proteger a los ciudadanos de cualquier forma de violencia y acoso. Es imperativo que la justicia reevalúe sus criterios y se asegure de que se protege adecuadamente la intimidad y el bienestar de las personas, sin importar su posición o sus opiniones políticas.

Jacinto Ortega del Rosario