Por mucho que genere portadas y titulares el Gobierno de Canarias, no tiene razón y ya se lo han dicho Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Si pusieran arbitrariamente en marcha el protocolo que han creado para menores, podrían incurrir en un grave delito de abandono de menores.

El artículo de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, publicado en el BOE 12 de enero de 2000, que dice “El Estado garantizará el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia”, no tiene nada que ver con los menores, provengan de donde provengan, son niñas y niños y le corresponde su atención a las Comunidades Autónomas, así recogido en La Ley del Menor y en los Derechos de los Niños.