La madre de Laura Espallardo lleva siete años en la residencia Vitalia Home de Leganés. Asegura que en todo este tiempo son incontables las trabajadoras que han pasado por el centro. Algunas han durado meses. Las condiciones laborales, con bajos sueldos y complicados horarios, están detrás de este vaivén de empleadas, asegura. “De las que trabajaban cuando entró mi madre solo quedan cuatro, y hay unas 60”, expresa. Ahora mismo, explica, no tienen enfermera en el turno de noche. “La excusa es que no hay profesionales pero es que no les pagan bien y no están valoradas”, explica Espallardo, portavoz de Unión de Residencias de Leganés. Y no es lo único que falla. "Cuando se rompe una grúa tardan dos meses en arreglarla. Eso sí, la residencia la ponen aparentemente muy bonita, con muchas plantas, pero a la hora de la verdad las condiciones son precarias. Lo único que buscan es el dinero y es la realidad. ¿Qué busca un fondo de inversión? Dinero", expresa.

Vitalia Home pertenece al fondo de inversión CVC capital y ya es la quinta empresa en España con más camas de residencias, 7.181. Sus ganancias superan los 183 millones de euros. Y no, no es la  única marca apadrinada por un fondo de inversión que se está haciendo con el pastel de este negocio en nuestro país. En el número uno está Domus Vi, perteneciente a ICG, con 18.428 camas, en el número seis está Amavir, con 6.341 camas y en séptima posición Colisée, con 5.632. Un total de 84 residencias privadas han sido adquiridas por fondos de inversión entre 2002 y 2022, un negocio al alza tal y como se refleja en la investigación Final Feliz: cómo se ha financiado el cuidado de las personas mayores en Europa, a quién beneficia la tendencia y qué contraestrategias implementar de Transform! Europa, la fundación de la coalición europea The Left. 

“Hemos documentado el inicio de un proceso que va a ir a más”, explica Ayoze Alfageme Ramírez, investigador en la Universidad de Ginebra, coescritor de este paper junto a Alejandro Morcuende. Alfageme pone énfasis en la prevalencia de un tipo de fondos de inversión, conocidos como Private Equity, que siguen un modelo muy particular: compran negocios de muy diferentes tipos con el objetivo de que en un periodo corto sean revendidos para sacar dinero. “Esto nos dice una cosa importante: a ellos no les importa en el largo plazo las residencias, quieren revenderlas en poco tiempo”.

“Los fondos ponen un 15% del capital y el resto lo financian con un préstamo del banco. Esa deuda no pertenece al fondo, sino que se la adjudican a la residencia”, explica el investigador Ayoze Alfageme

Además, explica este investigador, se sirven de parte de deuda para hacer estas compras. “Los fondos ponen un 15% del capital y el resto lo financian con un préstamo del banco, y aquí viene lo más rocambolesco: esa deuda no pertenece al fondo sino que se la adjudican a la residencia”. De esta manera, cuando un fondo de inversión de este tipo compra una residencia se puede ver en sus balances de cuentas que la deuda escala hacia altos niveles. “Luego cuando la quieren vender a ellos no les hace falta venderla por su precio, con que la vendan por más de lo que ellos han puesto ya les vale. Como modelo de negocio es brutal pero hunden lo que compran”, explica Alfageme mientras pone un ejemplo: si la residencia vale 100 euros, el fondo pone 15 euros y financia 85 euros. Luego con venderla por 30 euros ya consigue ganancias del doble de lo invertido.

A todo esto se añade, explica el investigador, que suelen dividir el negocio en dos partes: una empresa es dueña del edificio y otra de la residencia, que tiene que comenzar a pagar un alquiler a la otra parte. “Muchas veces venden el edificio y ya sacan unos beneficios adelantados por eso. Y la residencia es la que paga las tasas. Extraen todo lo que pueden hacia el fondo”, alerta.

Desde 2007 hasta 2023 el precio de una cama en una residencia de ancianos aumentó un 28%

Un negocio agresivo

Al mismo tiempo, desde 2007 hasta 2023 el precio de una cama en una residencia de mayores aumentó un 28%. En la investigación se habla de un negocio “agresivo”, que tiende a centralizar el mercado en torno a estos fondos, monopolizando el sector, estrategia que les permite aumentar los precios.

Estos fondos, que se introducen en España adquiriendo empresas españolas, ingresan su capital en el sector pero la propiedad final a menudo se encuentra fuera de España, tal y como avisan en la investigación. Y ponen un ejemplo: la empresa francesa Domus Vi es propietaria de Geriavi SAU, anteriormente propiedad de Socios PAI entre 2014 y 2017. Posteriormente vendió el 55,5% de la propiedad a ICG Capital, propietario último de Domus Vi situado en Jersey, un paraíso fiscal. En otro caso, CVC Capital creó seis fondos de inversión en Jersey para transferir capital a Luxemburgo para adquirir Vitalia Home.

Al final se va diluyendo el responsable del negocio, se queja Carmen López, portavoz de Marea de Residencias. “Un servicio de cuidados para personas vulnerables nunca puede estar en manos privadas y menos en fondos de inversión donde no se sabe quién es el dueño. Se pierde la pista del responsable, de quién gestiona. Es un servicio que debería estar en manos de la administración”, expresa.

Ley de dependencia

En España hay cuatro tipos de gestión para las residencias: las que son 100% públicas, las que son 100% privadas, las que son públicas pero gestionadas por empresas privadas y aquellas privadas que cuentan con camas concesionadas a la administración. Según los datos recogidos en el análisis, de las 5.187 residencias que existen en España solo el 25% son públicas y tan solo el 11% están gestionadas por la administración. En cuanto al porcentaje de camas, el 87% están gestionadas por el sector privado.

De las 5.187 residencias que existen en España solo el 25% son públicas y tan solo el 11% están gestionadas por la administración

Por tanto estamos hablando de un servicio en su gran mayoría en manos privadas. La investigación señala que el negocio privado sufrió un renacer con la Ley de Dependencia, creada en 2006. Una ley que ofrece a las familias plazas en centros públicos o en centros privados/concertados así como ayudas económicas para centros privados. Un transvase de recursos públicos hacia la privada, tal y como explica Laura Espallardo. La residencia de su madre, Vitalia Home de Leganés, es privada pero tiene más de 200 plazas concertadas, de las 300 que alberga. “La gente que paga una plaza privada abona 2.200 euros al mes y obtiene un cheque, fijado en la Ley de Dependencia, de entre 400 y 750 euros”, explica. Luego están las plazas concertadas con la administración en dos modalidades: o bien un copago del 50% (la administración pone 1.100 euros y el usuario otros 1.100 euros) o bien un copago con la pensión en la que el usuario entrega la mitad de su paga y la administración completa. “Se llevan pasta por todos lados”, resume.

Para Carmen López, esa “supuesta” libertad de elección que ofrece la Ley Dependencia no es tal. “Nunca va a favorecer la libertad de elección desde el momento que yo no puedo elegir unos cuidados dignos desde un servicio público directo. No puedo elegir eso. A pesar de tener una plaza pública me va a tocar irme a una residencia que está gestionada por una empresa privada. La libertad de elección es falsa, una tomadura de pelo al usuario”, denuncia.

Y mientras, los fondos de inversión siguen desplegando sus alas ante un futuro envejecimiento de la población al que apuntan todas las previsiones. “Dado que la demanda va a ir en aumento por la edad, las condiciones para que expandan su negocio seguirán y no se está tomando ninguna medida para revertirlo. El Estado podría intervenir. Este tipo de adquisiciones financiadas por deuda que luego es trasladada al balance de la residencia se debería prohibir o limitar en gran medida. Encontraron este agujero y lo están aprovechando", advierte Ayoze Alfageme.