Si el presupuesto no alcanza el 5% en 2025, la Educación Pública canaria tocará fondo

STEC-IC

El STEC-IC ha presentado una batería de propuestas para la mejora de la Educación Pública y de las condiciones laborales del profesorado que precisan de una financiación adecuada

El artículo 72.3 de la LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria establece que para el año 2022, como muy tarde, el presupuesto educativo debería haberse situado en el 5% del PIB canario. Sin embargo, para el Gobierno de Canarias, cumplir la Ley es algo voluntario. De otra forma, no se explica que, transcurridos tres años desde la fecha límite marcada por la Ley para alcanzar ese 5%, no solo no lo hayamos alcanzado sino que estemos ahora más lejos de alcanzar el objetivo que cuando el actual Gobierno tomó posesión en junio del año pasado.

Más allá de la importancia que tiene el hecho de que un Gobierno se declare en rebeldía frente a una Ley emanada del Parlamento, sede de la soberanía popular de Canarias; la financiación del sistema educativo canario no es un tema menor, pues de ella depende que se pueda disponer de los medios necesarios para una adecuada atención al alumnado.

Sin una financiación suficiente, es imposible avanzar en la implantación del primer ciclo de la educación infantil, una etapa en la que Canarias se encuentra entre las comunidades de cola del Estado, ni se podrá contratar al profesorado necesario (unos 4000) para reducir las ratios hasta situar a Canarias en la media de las CC.AA. Tampoco será posible llevar a cabo las inversiones en infraestructuras, tanto en lo referente a la nueva construcción, como al mantenimiento y mejora de los centros existentes. Otras medidas igualmente necesarias como la atención a la diversidad, o la incorporación de más profesionales para Orientación Educativa, Pedagogía Terapéutica, Auxiliares Educativos, Educación Social o Enfermería Escolar, entre otras, seguirán sin ser atendidas.

En el campo de las condiciones laborales, existen muchísimas reivindicaciones que, aún siendo justas, no pueden ser atendidas mientras el Gobierno de Canarias siga empecinado en negarse a cumplir la Ley. Y esto es igualmente grave pues, quien no cumple la Ley, no está en condición moral de exigir a sus subordinados que cumplan con las disposiciones normativas que “el infractor” impone.

Entre las medidas que el profesorado lleva décadas esperando, se encuentran la equiparación del complemento específico y los sexenios de las pagas extra al del resto de mensualidades, la actualización de todos los complementos retributivos en igual medida que las retribuciones básicas, pues hay complementos como el de residencia, los sexenios o las coordinaciones y tutorías que llevan años congelados.

Por otra parte, el profesorado lleva varios años sufriendo ataques sucesivos a sus derechos laborales con el único objetivo de ahorrar para seguir reduciendo la inversión en Educación, en este sentido se ha producido una reducción de horas de dedicación a cargos, tutorías, coordinaciones, proyectos, etc. La más reciente, la que ha sufrido este curso el profesorado de la Formación Profesional. Una medida, eminentemente economicista que contrasta con la reciente noticia en la que conocimos que el Gobierno de Canarias ha rechazado una partida económica de fondos europeos Next Generation destinados a la implantación de la FP Dual.

Y no menos contradictorio es que, mientras el Gobierno se escuda en la falta de recursos económicos para mejorar el presupuesto educativo, lleve a cabo la mayor rebaja fiscal de la Historia para beneficio exclusivo de las grandes fortunas que, gracias a que Canarias es la comunidad autónoma con la menor presión fiscal, se ahorran ingentes cantidades de dinero en impuestos que debería servir para mejorar los servicios públicos de los que dependen fundamentalmente las clases menos pudientes.

Con el propósito de que se ponga fin a esta etapa de más de una década de recortes injustificados en la calidad educativa y en los derechos laborales, el STEC-IC ha presentado una batería de propuestas a incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025, que en breve deberá ser presentado al Parlamento de Canarias para su debate y aprobación.

En definitiva, el Gobierno de Canarias no puede seguir mirando a otro lado mientras el sistema público educativo hace aguas por todas partes y los datos en los diferentes indicadores (PISA, tasa de idoneidad, abandono temprano, fracaso escolar...) nos sitúan a la cola del Estado, de la UE y de los países de la OCDE.

En el escenario descrito, cumplir la Ley no puede ser una opción, debe ser, y de hecho lo es, una obligación que, a quien primero obliga es al Gobierno.

Canarias, 4 de octubre de 2024

Secretariado Nacional del STEC-IC