Megaproyectos "verdes", secuestrando la democracia, saqueando lo público y agravando la actual crisis civilizatoria - por Federico Aguilera Klink
Megaproyectos "verdes", secuestrando la democracia, saqueando lo público y agravando la actual crisis civilizatoria - por Federico Aguilera Klink *
“El desarrollo de los megaproyectos no constituye hoy un campo que pertenezca a lo que se denomina “cálculos honestos” (por el contrario) apenas hay cálculos fiables y menos aún los cálculos de los llamados expertos (…) Los promotores de los megaproyectos con frecuencia evitan y violan las prácticas establecidas de buen gobierno, transparencia y participación en la toma de decisiones política y administrativa”.
B. Flyvbjerg . Megaprojects and Risk. An Anatomy of Ambition. 2003.
“La construcción de la pista del aeropuerto, en Alajeró, tendría un impacto ambiental beneficioso pues, en caso de incendio, serviría de cortafuegos para evitar que el fuego alcanzase el Parque Nacional de Garajonay”.
Programa Operativo Integrado (POI) de la Gomera. 1989.
“…antiguos parlamentarios, ministros o incluso primeros ministros, que conocen a quienes toman las grandes decisiones y saben todos los mecanismos de los cuerpos gubernamentales, cuyo objetivo es convertir el aparato del Estado en una máquina de acumulación de capitales al servicio de industriales y oligarcas financieros”.
Alain Deneault. Mediocracia. 2019.
“Al igual que el Pacto Verde Europeo, los fondos NGEU (Next Generation) vienen enmarcados en un discurso oficial de “transición verde” (…) si bien algunas de las líneas de ejecución anunciadas podrían sufragar propuestas reclamadas por el movimiento ecologista, la manera en la que están planteados los fondos suponen una continuación del modelo económico de globalización neoliberal que ha causado esta crisis ecológica y social”.
Ecologistas en Acción. 2022.
LOS MEGAPROYECTOS Y LAS MEGAMENTIRAS
Los Megaproyectos se refieren habitualmente a las grandes infraestructuras como puertos, aeropuertos, autovías, pantanos, minas a cielo abierto, centrales hidroeléctricas y tendidos eléctricos, trasvases, …etc. Pero también pueden ser grandes urbanizaciones, hoteles, macrogranjas y todo tipo de actuaciones que, habitualmente, desconsideran el contexto territorial, personal y ambiental en el que se pretenden ubicar, aunque cuenten con remedos de evaluaciones de impacto ambiental que eran consideradas por el gran catedrático de ecología Ramón Margalef, como las “nuevas pólizas de tres pesetas”, es decir, como el papel inútil pero necesario, un puro trámite, para aprobar esos megaproyectos.
En la actualidad, es la llamada Transición energética (una auténtica farsa) https://www.lacasademitia.es/articulo/firmas/farsa-transicion-ecologica-ni-democracia-ni-ecologia-ni-mercado-federico-aguilera-klink/20220308203304122340.html
la que constituye en sí misma un inmenso megaproyecto, y un inmenso saqueo de lo público, al estar financiada con fondos públicos, que está dando lugar a una destrucción inimaginable de espacios y territorios públicos que solo beneficia a capitales privados y fondos de inversión con la excusa de evitar el deterioro ambiental y de descarbonizar la economía. Todo un cuento que se vende envuelto en la etiqueta de “capitalismo verde”, una imposibilidad total “…que plantea toda una ofensiva de apropiación y mercantilización corporativa de los territorios…en cuyo favor, las élites están reforzando a escala local, estatal e internacional el autoritarismo de un poder corporativo que actúa en un marco de creciente impunidad”. https://omal.info/spip.php?article9739
Un aspecto clave es su “justificación”, habitualmente carente de argumentos de calidad o, incluso, basada en mentiras que se presentan como supuestos argumentos. El problema es que los procesos de supuesta participación ciudadana en los que se podría debatir sobre esos “argumentos” suelen ser una farsa. No hay un debate serio y continuado durante el tiempo necesario para que realmente sea posible presentar y contrastar públicamente la calidad y veracidad de los argumentos. La razón es que los opositores a los megaproyectos no suelen contar ni con la financiación, ni con los medios necesarios para estudiarlos a fondo, ni con los espacios para debatir, pues son las propias administraciones las que los niegan aunque, aparentemente, defiendan la participación ciudadana. Sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho y mucha propaganda y desinformación a la carta por medio.
Pero incluso en el caso de que los opositores, gracias a un enorme voluntarismo, puedan conseguir estudiar a fondo los proyectos, no se les facilitan espacios ni procesos de debate. Estoy hablando de un debate serio, argumentado, razonado.
Muy al contrario, la “Trama organizada” de políticos-empresarios constructores-medios de comunicación (Presstitutos los llama el periodista alemán Udo Ulfkotte) y, con frecuencia, académicos (Académicos de fortuna los denomina el filósofo canadiense Alain Deneault) que constituye ese capitalismo, sea verde o de otro color, funciona de manera coordinada para intimidar a los colectivos que se oponen o que tratan de entender cuáles son los intereses que explican el deseo de construir el megaproyecto. E incluso, en el caso de que muestren con claridad cuál es el problema que se pretende resolver, poder presentar alternativas que puedan solucionar ese problema. Recomiendo el texto de Deneault citado al principio https://www.lacasademitia.es/articulo/firmas/empresarios-gobiernos-expertos-universidades-federico-aguilera-klink/20200727223521102797.html
Así pues, la trama funciona de manera que trata de descalificar tanto los intentos ciudadanos de presentar argumentos como los propios argumentos puesto que se ve como muy peligroso que esos argumentos, desmontando las mentiras oficiales, se hagan públicos, lleguen a la gente y les permita entender qué es lo que ocurre. Como señala el periodista Carlos de Prada, “¿Quién financia al poder político? En definitiva, el que paga, manda. Repasemos ahora las páginas de los diarios económicos: una y otra vez Seopan, la patronal de la construcción, presiona al Gobierno para que no caiga el volumen de dinero que recibe del erario público. Una parte de ese dinero viene de las grandes obras hidráulicas. Por tanto, ¿van a tolerar que monsergas de racionalidad, científicas o de gestión seria, amenacen sus intereses creados? Estos intereses seguirán dañando nuestra economía y nuestro medio ambiente si no acabamos con el 'golpismo hidráulico' que gobierna nuestra política del agua y que tiene no tanques, sino excavadoras, tomando el país. (La dictadura de las constructoras. Carlos De Prada, 1997). (La negrita es mía).
Obviamente, el golpismo no es solo hidráulico, sino que es la expresión más clara de una trama que se disfraza de “decisión democrática” por parte de los políticos con la excusa de que tienen una mayoría (que supuestamente les permite no dar argumentos pero sí ganar votaciones). En la práctica, ese golpismo constituye la base de cualquier megaproyecto pues muy raramente solucionan el supuesto problema, tal y como lo ha definido la trama, ya que ese problema no existe como tal o no se ha definido adecuadamente. No es nada más que una excusa para llegar a la “solución”, previamente definida por la trama, que jamás se construiría con fondos privados.
Por eso, Bent Flyvbjerg, catedrático de la Universidad de Oxford, que está además considerado, y lo es, como la gran autoridad mundial en cuestión de megaproyectos, afirma desde su enorme experiencia en este campo, "Lo más perturbador no son las estimaciones individuales de los proyectos que son falsas, sino la enorme dimensión alcanzada por el comportamiento de buscadores de rentas seguido por las empresas que ha secuestrado y sustituido la consecución del bien público en este campo tan importante y caro de la política así como los elevados costes que este comportamiento impone sobre la sociedad (…) La política pública –para que merezca ese nombre- presupone una noción de bien público. Cuando esta noción es secuestrada, es la propia política la que está secuestrada. En lugar de ella, lo que tenemos es uno de los mayores socavamientos de la democracia: la institución pública usada para el beneficio privado. Cualquier sociedad que quiera mantenerse como tal tendrá que prevenir dicho secuestro y restaurar la distinción fundamental entre el bien público y el interés privado. (Flyvbjerg, Design by Deception. The Politics of Megaproject Approval, 2005)".
En realidad, el secuestro de la política pública va mucho más allá del uso de la institución pública para uso privado. Como señala David Whyte refiriéndose a Inglaterra, la corrupción, que es de lo que estamos hablando, es “… una práctica cotidiana empleada para mantener y ampliar el poder de las corporaciones, los gobiernos y las instituciones públicas …y cuestiona la credibilidad de los reguladores del Reino Unido para tomar decisiones que benefician el interés público” (“A very British corruption”, en How corrupt is Britain?, Whyte, 2015). (la negrita es mía).
Por otro lado, Beetham amplía y muestra la variedad de situaciones que se esconden bajo lo que llamamos corrupción o secuestro de la política pública y que, en mi opinión, ayudan a entender mejor lo que es realmente la trama. Así, este autor incluye:
“La manipulación y subversión del espacio público para el servicio de los intereses privados.
-Captura de reguladores y funcionarios por las corporaciones.
-Puertas giratorias.
-Acceso privilegiado a Ministros y altos funcionarios por parte de los ricos y poderosos.
-Financiación privada de los partidos como pago de favores.
-Paraísos fiscales que disminuyen ingresos públicos.
-Encubrimiento (político) de delitos para proteger reputación y el puesto.
-Complicidad policial para obtener información ilegal por parte de periodistas.”
(“How widely should we define corruption?” Center for Crime and Justice Studies). https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09627251.2013.865489
Yo añadiría, entre otros aspectos, la intimidación y persecución de los activistas sociales, como luego veremos. En cualquier caso, hecha esta precisión, es importante reconocer que uno de los resultados de todo lo anterior es lo que Flybvjerg, de manera irónica, califica como la ‘Ecuación de los megaproyectos’, que refleja perfectamente la fusión, la trama, entre despilfarro, corrupción y secuestro de la política pública, ya que muestra cómo se “construye el problema” que la “política” tiene que “resolver”.
ECUACIÓN DE LOS MEGAPROYECTOS
1. SOBREESTIMACIÓN DE BENEFICIOS
+
2. SUBESTIMACIÓN DE COSTES
+
3. IGNORANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
=
4.VIABILIDAD DEL PROYECTO
Fuente: Flyvbjerg B., Megaprojects and Risk. An Anatomy of Ambition (2005)
En la sobreestimación de beneficios habría que incluir no solo aspectos monetarios sino toda la propaganda destinada a “convencer” a la gente de la “importancia indudable” del Proyecto y de su “absoluta necesidad”. De la misma manera, la subestimación de costes no se refiere, exclusivamente, a los costes monetarios sino, de manera más amplia, a los Costes Sociales que incluyen el perjuicio a las políticas sociales y ambientales al priorizar el Megaproyecto y sus entresijos ocultos, como señala Beentham.
En definitiva, esta “Ecuación” muestra la Megamentira que, habitualmente, corresponde a todo Megaproyecto y desvela el papel que, habitualmente, juegan los políticos como vasallos necesarios de los intereses empresariales cuyo objetivo es el saqueo de lo público, ahora disfrazado de Transición ecológica, Resiliencia, Descarbonización, Sostenibilidad, Renovables off shore, Centrales como la de Chira Soria, Movilidad individual en coches eléctricos,…etc.
De hecho, Ecologistas en Acción ha hecho público un breve Informe titulado “POSICIONAMIENTO DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SOBRE LOS FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA RECUPERACIÓN” del que destaco algunos párrafos.
“Al igual que el Pacto Verde Europeo, los fondos NGEU vienen enmarcados en un discurso oficial de “transición verde”, la que supuestamente va a financiar. Analizando la información existente se observa que, si bien algunas de las líneas de ejecución anunciadas podrían sufragar propuestas reclamadas por el movimiento ecologista, la manera en la que están planteados los fondos suponen una continuación del modelo económico de globalización neoliberal que ha causado esta crisis ecológica y social.
Los principales problemas asociados a los fondos, además del sobreendeudamiento y las políticas de austeridad mencionadas, son la concentración de fondos en grandes empresas muchas de las cuales no serán capaces de devolver los préstamos avalados públicamente que han recibido, la financiación de macroproyectos que agraven la crisis ecológica, el lavado verde de empresas o la falta de transparencia y de control ciudadano sobre estos.
Por ello, Ecologistas en Acción considera que los fondos europeos, pese a su retórica ambiental y aunque pueden financiar algunos de los proyectos que se lleva tiempo reclamando, no son la solución sino que intensificarán la actual crisis civilizatoria y acelerará los sucesivos colapsos que se derivan de esta.” (La negrita es mía).
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2021/06/posicionamiento-NGEU.pdf
Y si hace falta, siempre está el socorrido mantra de que aumentan los puestos de trabajo y el bienestar de las personas. Mentira también, pues los indicadores oficiales muestran que, a pesar de todo el gasto público en infraestructuras y megaproyectos varios, la distribución de la renta no mejora y se mantiene la precariedad y la exclusión. Es obvio que los Megaproyectos se construyen para facilitar la acumulación de riqueza de las corporaciones con dinero público, es decir, para facilitar el saqueo de lo público.
La razón es muy clara, el marco fiscal-legal lleva, inevitablemente, a una distribución enormemente desigual de la renta ya que beneficia a los grandes empresarios y, obviamente, perjudica a los asalariados y pequeños autónomos cuya fiscalidad es, comparativamente, mucho más elevada que la de dichos empresarios. Esta situación nos lleva a una situación parecida a la Ecuación anterior que yo llamo la Ecuación de las grandes empresas y que es la siguiente:
ECUACION DE LAS GRANDES EMPRESAS
1.IMPUESTOS Y SALARIOS MUY BAJOS
2.SUBVENCIONES MUY ELEVADAS
3.IRRESPONSABILIDAD SOBRE COSTES SOCIALES Y AMBIENTALES
4.BENEFICIOS DESMESURADOS E INJUSTIFICADOS (AUTENTICO BOTIN)
5.DESIGUALDAD, POBREZA Y EXCLUSION
La situación que muestra esta Ecuación es mucho más injusta de lo que parece. En Canarias, gracias al REF y a su estrella la RIC, los grandes empresarios, fundamentalmente, han dejado de pagar más de 30.000 millones de euros de los que no hay estadísticas sobre su uso. Pero, además de no pagar impuestos reciben cuantiosas subvenciones que proceden de fondos europeos, nacionales y de los impuestos pagados por los asalariados y autónomos. Es más, el consultor francés Michael Gourion, en una entrevista realizada el 25 de Octubre de 2020, reconoce la “…baja formación media del empresario (canario)…. pero tan negativo o más que eso es la mala política de subvenciones que hay con las empresas desde la Administración. Eso fue algo que me impresionó a las tres semanas de mi llegada a Canarias (en 2004)…aquí hay bastantes empresas zombis que no generan realmente valor ni suficientes clientes y sobreviven simplemente porque tienen subvenciones”. https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/10/michael-gourion-fue-una-irresponsabilidad-no-comenzar-a-diversificar-la-economia-canaria-en-2008-cuando-se-hundio-la-construccion/ (La negrita es mía).
La expresión “empresas zombis” me parece muy adecuada para calificar a una buena parte del gran empresariado canario que, continuamente, hace énfasis en el discurso de ser competitivo mientras insiste en la rebaja del impuesto de sociedades, que apenas pagan gracias a la RIC, y exige todo tipo de subvenciones con el cuento de que somos RUP.
¿Y QUÉ PASA CON LOS COLECTIVOS SOCIALES Y LA PARTICIPACION PUBLICA?
Suele descalificarse, tanto la participación como el debate público, por parte de los defensores de los proyectos, señalando éstos que es una pérdida ineficiente de tiempo, que se retrasan las obras y que, incluso, se pueden perder los fondos públicos. Por el contrario, los que defendemos la participación insistimos en que tras un debate público serio e informado, la calidad de la decisión es más elevada. Por otro lado, evitar que se financie la construcción de una infraestructura cuya necesidad no se demuestra es un excelente indicador de eficiencia en el uso de los fondos públicos. La evidencia es muy amplia. El “problema” para los “promotores” de estos proyectos es que “razonan” en términos de ¿Y qué más da que se construyan infraestructuras inútiles y costosas si el dinero no es nuestro (es público), es decir, viene de Madrid o de Europa? Este es el nivel de “Irresponsabilidad Organizada”, como decía el sociólogo Ulrich Beck, que tenemos con esta gente.
En este sentido, el cuadro que muestro distingue entre los aspectos que configuran una decisión autoritaria y los que legitiman una decisión democrática. Es de 2003, pero he añadido el Megaproyecto de Chira-Soria pues considero que es el resultado de una decisión autoritaria.
DOS MANERAS OPUESTAS DE TOMAR DECISIONES
En definitiva ¿Cuál es el problema?, el problema es que el capitalismo “contemporáneo” no puede funcionar sin el saqueo de lo público, de ahí que los presuntos gobiernos dediquen amplios esfuerzos a disfrazar las decisiones que toman para que parezcan que van en beneficio del interés general (supuestas soluciones a supuestos problemas), mientras en términos amplios obedecen las directrices de los grandes grupos empresariales y financieros. En otras palabras, la cuestión clave consiste en estudiar quién determina realmente la política real y el uso de lo público, tanto del presupuesto público como de la configuración del marco institucional y en beneficio de quién se configura.
¿Qué opciones le quedan a los colectivos sociales para hacer frente a las decisiones autoritarias que impiden el debate público? Básicamente tres: Los recursos jurídicos, las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) y la Desobediencia civil. Los primeros suelen chocar con tribunales que, con frecuencia, dan la razón a los promotores de los megaproyectos representados por los gobiernos, sin una argumentación razonada. Y con la excusa del interés público que, casi nunca, se define con claridad, pero se presupone y se acepta que, al declarar un proyecto de interés público por parte de la “autoridad pública”, ese interés ya está definido de manera adecuada.
La evidencia sobre las ILP en Canarias es que, si bien se consigue, habitualmente, recoger el número de firmas requerido, son pocas ILP las que consiguen ser tomadas en cuenta por el Parlamento y menos aún las que son aprobadas y aplicadas. La ILP que defendía la no urbanización de El Rincón (La Orotava) es una de las pocas aprobadas por el Parlamento pero el boicot institucional del Gobierno de Canarias ha impedido que se financie y aplique el Plan Especial del Rincón, desde hace décadas.
No se olvide que, en 2007, el Diputado del Común (Defensor del Pueblo) de Canarias, Manuel Alcaide, se despidió de su cargo denunciando la “Obstrucción Institucional” que él mismo había sufrido por parte de distintas Consejerías del propio Gobierno de Canarias. ¿Se puede considerar que esa obstrucción o ese boicot institucional son violencia? Así lo considera Vidal-Beneyto para quien Las “formas democráticas” de gobernar incluyen la “violencia estructural frente a la que caben dos tipos de respuestas: la político-institucional y la popular ciudadana”. (Vidal-Beneyto. El País, 23.06.01).
¿Por qué ocurre esto? Porque “En lugar de la antigua forma de democracia parlamentaria, ha emergido en las democracias occidentales un nuevo tipo de democracia ‘post-parlamentaria’ en la que la toma de decisiones es el resultado de un complejo proceso de lucha y de la práctica del lobbying entre una variedad de élites que, a su vez, actúan como representantes de amplios grupos de la sociedad” (“Environmental policy in the European Union: institutional dilemas and democratic practice” , Baker, 1996). Dicho con más claridad, porque los Parlamentos se han convertido, si es que alguna vez no lo fueron, en espacios donde se “bendicen” las decisiones que ya se han tomado previamente fuera de ellos. Poco hemos avanzado, excepto en utilizar un lenguaje más tramposo y vacío, desde que Joaquín Costa afirmó en 1901 “No es nuestra forma de gobierno un régimen parlamentario, viciado por corruptelas y abusos, según es uso entender, sino, al contrario, un régimen oligárquico, servido, que no moderado, por instituciones aparentemente parlamentarias”. (La negrita es mía).
Ante esta situación, la desobediencia civil se muestra como una respuesta popular ciudadana pacífica, plena de legitimidad y lealtad hacia la democracia. Como aclara Emilio Alvarado Pérez, profesor de derecho de la Universidad Complutense, en su entrada “Desobediencia Civil” en el Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. "La desobediencia civil es un acto de lealtad para con una democracia dinámica que busca romper los mecanismos oligopólicos de fabricación de consensos (…) es evidente que no le debemos obediencia a un orden político en el que el gobierno vulnera los principios sobre los que se sostiene el Estado de Derecho...la desobediencia civil estaría legitimada cuando las mayorías de hoy tomaran decisiones lesivas e irreversibles para las mayorías del mañana o para las generaciones venideras, por ello, la defensa del medio ambiente, la promoción de nuevas reglas económicas internacionales, el pacifismo, el uso de la energía nuclear o la especulación inmobiliaria son terrenos propicios para el ejercicio de la desobediencia civil".
Pero este acto de legitimidad y lealtad democrática no es aceptado por la trama citada más arriba y entonces, dicha trama, inicia, casi desde el primer momento en que se intenta articular una defensa del debate público sobre cualquier megaproyecto, un proceso de descalificación e intimidación de los colectivos sociales -en Europa sin llegar al asesinato, por ahora- con patrones que se repiten en distintos sitios.
Así tenemos el calificarlos como “Los del no a todo”, etiqueta que se repite habitualmente, puesto que procede de “trabajos” encargados por los promotores de los megaproyectos a las llamadas empresas de comunicación o de “Relaciones Públicas”, con el fin de realizar las citadas “campañas” de descalificación, intimidación e intoxicación. Para ello, se suele contar con, o contratar a, “prestigiosos” “expertos”, académicos y/o seudoperiodistas a la carta, que se dedican, en los medios “seleccionados por su honestidad” ,a ese trabajo de descalificación y a una tarea de propaganda que ensalza las bondades del proyecto para el territorio en cuestión y, sobre todo, para el empleo y el bienestar de las personas.
No es casual, por ejemplo, la columna más abajo, que apareció en La Vanguardia el 18 de Marzo de 2008, tras una votación en Horta de Sant Joan en la que se rechazó la instalación de aerogeneradores. Tiene todos los tópicos que se suelen repetir, una y otra vez, sea el proyecto que sea y se localice donde se localice. Es un patrón genérico de respuesta prefabricada de “amplio espectro”, como se afirma en los fármacos y, por eso mismo, la columna podría publicarse en cualquier periódico nacional o extranjero, cambiando los nombres, porque el mensaje-propaganda es el mismo.
Pero la cosa es mucho más grave. Como ha mostrado Steve Horn las citadas “empresas de comunicación” no se quedan en la descalificación-intimidación sino que manejan procesos cuyo objetivo real consiste en acabar realmente con los colectivos sociales…en nombre de la “democracia”.
Concretamente, estos procesos o campañas, como la desarrollada por Ronald Duchin con el objetivo de “Divide y vencerás”, se basan en cuatro pasos que son, “Aislar a los radicales”; “Comprar a los oportunistas”; “Cultivar a los idealistas” y “Co-optar a los pragmatistas”.
1.AISLAR A LOS RADICALES (…quieren cambiar el sistema (…) ven a las corporaciones multinacionales como inherentemente malvadas (…) no confían en los gobiernos federales, estatales y locales para protegerlos y salvaguardar el medio ambiente”).
2.COMPRAR A LOS OPORTUNISTAS. (p.ej. Ofrecer trabajos, divulgación, reconocimiento…), “La clave para lidiar con los oportunistas es ofrecerles, al menos, la percepción de una victoria parcial”.
3.“CULTIVAR” A LOS IDEALISTAS. (p.ej. Crear grupos afines) y “educarlos” para que sean pragmáticos. “Debido a su altruismo, los idealistas son difíciles de lidiar”. Hay que explotar su sentido de justicia para que vean la injusticia de perjudicar a las corporaciones y a sus empleados.
4.CO-OPTAR A LOS PRAGMATISTAS para que trabajen con la industria y los intereses corporativos ya que ellos poseen muchas cualidades: miran más allá de las cuestiones inmediatas; comprenden las consecuencias; viven con los conflictos; están dispuestos a trabajar dentro del sistema; no piden cambios radicales y son pragmáticos.
Todos conocemos, quizás, ejemplos de las cuatro categorías y, como indicó Duchin, según Horn, en un discurso ante posibles clientes, "Si su industria puede lograr con éxito estas relaciones, se perderá la credibilidad de los radicales y se puede contar con los oportunistas para compartir la solución política final". Ese es el objetivo final de estas campañas, romper a los colectivos sociales “radicales”.
En esa línea entiendo que se mueve el Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, al afirmar que existe un preocupante negacionismo verde, tratando de descalificar a los que se oponen a Chira-Soria. “Desgraciadamente está surgiendo en el movimiento conservacionista, verde, medioambientalista, un neonegacionismo militante de peligrosas consecuencias, que, paradójicamente, se alía con el neonegacionismo de las grandes compañías del petróleo y del gas, les da alas para su continuidad".
Cuando, como señala el Informe de Ecologistas en Acción, este supuesto negacionismo lo que hace es advertir que estos supuestos Megaproyectos renovables, repito, no son la solución sino que intensificarán la actual crisis civilizatoria y acelerará los sucesivos colapsos que se derivan de esta.
En ese sentido, y sabiendo que la trama no está dispuesta a debatir nada pues constituye un peligro para ellos el que se hagan públicas las mentiras y la “presunta” connivencia entre políticos y empresarios, medios y académicos, cada vez parece que toma más fuerza la desobediencia civil. Algunos casos de ello los vemos en Tenerife, con la oposición al Hotel de la Tejita, encaramándose a una grúa durante varios días algunos activistas, o la acampada en las obras de construcción de la urbanización Cuna del alma.
En contra de las noticias difundidas, estas acciones enriquecen la democracia y permiten visibilizar y poner de manifiesto el “Mega Proyecto” que tienen en la cabeza los miembros de la trama para cada una de las Islas Canarias. No nos engañemos, no es otro que el considerarlas como un auténtico solar que llenar de turistas “sostenibles”, infraestructuras “verdes” y urbanizaciones “ecológicas”, dejando a la mayoría de los “canarios” el papel de figurantes.
En realidad, no es descartable que toda esta sarta de etiquetas y lenguaje vacíos (Transición ecológica, verde…etc.) que tratan de aparentar un conocimiento científico para dirigir el planeta o las islas hacia una situación “resiliente”, no sea, posiblemente, nada más que otro invento de esas empresas mal llamadas de “comunicación”. El encargo consiste en una campaña de propaganda, pagada con fondos públicos, para hacer creer, en lugar de hacer pensar a la gente, sobre que no hay alternativas al saqueo de la naturaleza y de lo público, así como la explotación de los trabajadores y, por supuesto, que esas falsas Transiciones basadas en Megaproyectos disparatados y megalómanos son la solución. Pero sabemos que lo único que van a conseguir con ellos, es agravar el problema y cerrar opciones y posibilidades de otros modelos de vida. Por eso es necesario seguir oponiéndonos a ellos.
* Gracias a Federico Aguilera Klink
