Las victorias judiciales en Europa promueven la llegada al Constitucional del Juicio por el Clima - por Pablo Rivas
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Las victorias judiciales en Europa promueven la llegada al Constitucional del Juicio por el Clima
Pablo Rivas
EL SALTO
Nueva oportunidad para el primer litigio climático de la historia del Estado español. Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.
En un contexto de continuo recrudecimiento de las crisis climática y sus consecuencias, el 15 de septiembre de 2020 las cinco organizaciones anunciaron la interposición de una demanda contra el Reino de España para exigir “mayor ambición climática” y que cumpla con los compromisos adquiridos internacionalmente. Lo hacían en consonancia con otras demandas estatales presentadas en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda, y al considerar que los esfuerzos del Ejecutivo español “resultan insuficientes para compensar la falta de acción de gobiernos previos”.
La sentencia del TEDH en el caso Klimaseniorinnen es aplicable a todos los países del Consejo de Europea, entre ellos España
El objetivo era obligar al Gobierno a modificar su objetivo de reducción de emisiones para 2030, actualmente en el 23% respecto a los niveles de 1990 —y con una propuesta oficial sobre la mesa de ampliarla al 32% pendiente de aprobar— y muy lejos del 55% que exigen las organizaciones demandantes sobre la base de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
En un país en el que las emisiones deberían reducirse a un ritmo del 7,6% anual —en 2022 aumentaron un 9% y en 2023 se redujeron un 5,3%—, las organizaciones demandantes esperaban obligar al Gobierno a establecer la reducción de gases de efecto invernadero como una de sus principales obligaciones. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, sin embargo, dictó sentencia el 21 de junio, desestimando el recurso y echando las esperanzas de las organizaciones sociales por los suelos. El Alto tribunal señalaba que, si bien la España es parte de la UE, y esta tiene el compromiso legal de reducir sus emisiones un 55%, España no estaba obligada a esa cifra, pues los 27 debían conseguirla en bloque.
CAMINO AL PARAÍSO
Frente judicial
Como indicaba a El Salto a finales de año Irene Rubiera, del equipo demandante como parte de Ecologistas en Acción, las cinco organizaciones anunciaba que no se iban a quedar “de brazos cruzados” y que estaban “estudiando estrategias legales para ver cómo continuar” con el proceso. El paso dado este lunes es el fruto de ese trabajo, con el que además se agota la vía de recursos judiciales nacionales y que podría dar lugar, de ser desestimada la demanda, a un proceso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al que los colectivos demandantes podrían recurrir.
La victoria de las mujeres mayores suizas
La decisión de las cinco organizaciones viene dada por los últimos éxitos judiciales de las organizaciones que forman el movimiento por el clima en Europa, jurisprudencia que tiene consecuencias en la legislación española. “Según recoge nuestra Constitución, las normas relativas a los derechos fundamentales deben ser interpretadas de conformidad con los tratados internacionales ratificados por España, por lo que entendemos que esta nueva interpretación que lleva a cabo la sentencia del TEDH debe ser plenamente acogida por el Tribunal Constitucional”, señala Jaime Doreste, abogado de las entidades demandantes.
Doreste se refiere a la condena que el TEDH impuso al Estado suizo por no proteger a su población de los impactos del cambio climático y violar los derechos humanos. La histórica sentencia de Estrasburgo se dio tras la demanda de las llamadas KlimaSeniorinnen (Mujeres mayores por el Clima), un grupo de más de 2.938 mujeres suizas de más de 65 años que en 2016 acusaron al Gobierno helvético de inacción climática, alegando que sus vidas y su salud están amenazadas por las olas de calor provocadas por la crisis climática.
Inés Díez: “No vamos a parar hasta que España cumpla con sus obligaciones climáticas y tome las medidas necesarias para proteger a su ciudadanía frente al cambio climático”.
La demanda de KlimaSeniorinnen prosperó, señalando el TEDH que el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos “establece un derecho a una protección efectiva, mediante autoridades estatales, contra los graves efectos nocivos del cambio climático sobre la vida, la salud, bienestar y calidad de vida”.
La sentencia, que obliga al Estado suizo a legislar de nuevo para aumentar su ambición climática, “reconoce expresamente que el cambio climático afecta a todas las personas y en consecuencia, procede a interpretar que la inacción por parte de los estados afecta a los derechos fundamentales de la ciudadanía”, señalan desde las cinco organizaciones españolas. Esto puede suponer un giro en el Juicio por el Clima en España, puesto que la sentencia del caso KlimaSeniorinnen es aplicable a todos los países del Consejo de Europa, entre ellos, España.
Asimismo, el Tribunal Internacional de la Ley del Mar ha recogido recientemente que los Estados “tienen la obligación de prevenir, reducir y controlar la contaminación producida por los gases de efecto invernadero y que deben proteger el medio marino en el contexto del cambio climático”. Es por ello que las cinco organizaciones demandantes esperan que la justicia española “tome en consideración estos pronunciamientos y obligue al Estado a cumplir con sus responsabilidades climáticas”. De no hacerlo —advierten— están dispuestas “a llegar hasta Estrasburgo para que sea la Unión Europea quien defienda a la ciudadanía”.
SENTENCIA HISTÓRICA
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“La vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están gravemente amenazadas si no se actúa con urgencia y contundencia frente al cambio climático. Con este proceso estamos luchando por el derecho de las generaciones presentes y futuras a disfrutar de un medio ambiente en el que puedan desarrollar una vida digna”, apunta Inés Díez, la representante legal de Greenpeace. “No vamos a parar hasta que España cumpla con sus obligaciones climáticas y tome las medidas necesarias para proteger a su ciudadanía frente al cambio climático”.
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* Gracias a Pablo Rivas y EL SALTO
